Effiwater. The waterworks company

JUNIO 2012 | Inwater se adjudica dos contratos de servicios con Aguas de Alcázar EMSA.

Con fecha 12/06/2012 INWATER S.L. Unipersonal, se ha adjudicado dos contratos de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TELECONTROL con AGUAS DE ALCÁZAR EMSA.

El primero de los contratos tiene por objeto el servicio de mantenimiento de telecontrol en las instalaciones de las pedanías de Alameda de Cervera y Cinco Casas y mantenimiento de bombeos de agua residual en Campo de Criptana.

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El segundo de ellos tiene por objeto el servicio de mantenimiento de telecontrol en las instalaciones de agua potable de Alcázar de San Juan.

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MARZO 2012 | Demasiadas voces en el agua

(Artículo publicado en cincodias.com el 22 de Marzo de 2012)

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Sara Acosta - Madrid - 22/03/2012

Un total de 8.100 municipios deciden la gestión del agua en España. El sector pide un regulador para ganar eficacia y ahorrar costes


Este año, la celebración del Día Mundial del Agua coincide con el debate sobre la privatización de este recurso. A diferencia de la inquietud en la calle, para las empresas operadoras, consultoras y organismos públicos lo importante es que más allá de que la gestión esté a cargo de una empresa pública o privada, son los propios ayuntamientos, a veces mancomunados, los que en última instancia deciden la tarifa que recae en el usuario.

"El agua nunca puede ser privada, es un bien público, al igual que las infraestructuras, que pertenecen al Estado, con excepción de Canarias, donde sí hay propietarios de las canalizaciones porque se mantuvieron después de la aprobación de las primeras regulaciones", explican desde la consultora Professional Water & Partners, especializada en el sector.

A partir de ahí, si se mira el mapa de la gestión en España, se observa que prácticamente el 50% de las instalaciones son de gestión privada, y la otra mitad son públicas, con multitud de figuras jurídicas para su administración. Lo que comparten ambos modelos es que son los propios ayuntamientos los que deciden cuándo y cómo modernizar infraestructuras y cuándo subir o bajar el precio del agua. En total, unas 8.000 voces ponen normas en un sector que ya no puede permitirse nuevas concesiones por la agonía de las Administraciones y donde la inseguridad jurídica está espantando a los inversores. Por ello, todo el sector al unísono pide la creación de un regulador.

"Esta figura ya existe en otros sectores, como la energía, ¿por qué no instaurarla en el agua?", se preguntan desde esta consultora. La complejidad de la actividad haría prácticamente inviable que este organismo de tutela fuera estatal, pero "podría existir a escala autonómica", añaden.

"El regulador es importante para garantizar la calidad de las infraestructuras", prosiguen. Está sucediendo en España que los ayuntamientos no siempre revierten los ingresos del recibo en la modernización o en el mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento y en la depuración de aguas residuales que dependen de ellos, lo cual tiene un efecto directo en la calidad del suministro que consume el ciudadano.

En plena recesión económica y sequía de concesiones en todos los sectores, se hace imprescindible ofrecer seguridad jurídica a los inversores. Y aquí de nuevo la importancia de un regulador que sirva de palanca para atraer inversiones y para garantizar que los ayuntamientos no aplacen obras de alcantarillado y de depuración de aguas residuales, dos prioridades actuales.

En cualquier caso, no parece que la gestión del agua urbana tenga visos de cambiar, al menos por el momento. Cada año el sector reclama los mismos cambios, sin que cambie realmente nada en la estructura del sistema.

La previsible privatización en la gestión del Canal de Isabel II de Madrid podría ser el cambio más visible, por el temor de muchos colectivos de que el precio del agua suba y la calidad del servicio merme. Pero de nuevo se recuerda que la tarifa es política y no depende de las empresas concesionarias.

"El Canal es un ejemplo en España y fuera, es una de las empresas con mejores infraestructuras porque reinvierte en ellas", explican desde Professional Water. Pero también lo es Aguas de Barcelona, que gestiona el suministro en la ciudad condal. "Las empresas privadas tienden a apostar por una mayor tecnificación y una explotación muy eficiente de las plantas para maximizar los ingresos", añaden desde esta consultora. Cuando la joya de la corona de la Comunidad de Madrid, que representa el 20% del mapa del agua en España, pase a manos privadas, el 70% de la gestión de este recurso será privada.

Soterrado queda el debate sobre el bajo precio de este bien en España. Desde las organizaciones profesionales se asegura que se paga menos por el agua que por el teléfono móvil, y que sería necesario aumentar la factura en un 30% para cubrir los costes por el mantenimiento de las infraestructuras y por la necesaria inversión en alcantarillado, completamente abandonado, según los expertos.

De nuevo, piden la existencia de un regulador autonómico o estatal para que los ayuntamientos "pierdan el todopoder y deleguen las normas de juego de esta actividad en un organismo que asegure la inversión en las infraestructuras necesarias y no jueguen con el precio del agua", concluye una voz conocedora de la problemática este sector.

Las empresas siguen su carrera al exterior

La cifra de 19.000 millones de euros sigue retumbando entre las empresas operadoras y de ingeniería en el sector. Esa es la inversión que hace falta en España para cumplir con las exigencias europeas en términos de infraestructuras y depuración de aguas residuales. En los últimos años se ha mejorado mucho y hoy se filtra en España el 80%, pero lo que falta por hacer corre el riesgo de dilatarse sine díe debido a que las empresas se ven faltas de contratos para trabajar aquí.

La crisis económica está acentuando la búsqueda de proyectos en el exterior por parte de las compañías españolas de ingeniería y de servicios de agua, reconocidas en todo el mundo. Aqualia de FCC, Acciona, OHL, Cadagua de Ferrovial y Sufi de Sacyr Vallehermoso son algunas de las grandes que han llevado sus negocios al extranjero por la sequía de contratos en España.

Si la huida de las empresas españolas continúa, se corre el riesgo de que los escasos concursos queden desiertos, alertan desde las propias compañías.

Con el modelo tradicional de concesión agotado, la participación público-privada se perfila como la única opción viable para que las grandes decidan mantener parte de su negocio en el país.

"Es uno de los pocos caminos que quedan por explorar. Es un buen esquema porque ayudará a que la financiación sea posible", ha explicado anteriormente a este periódico Aquagest, precursora de este modelo público-privado en el mercado nacional, con la creación de empresas mixtas para la gestión. Otra modo es inventar nuevas fórmulas, como prestar servicios tecnológicos o de consultoría para racionalizar el consumo.

 


 

OCTUBRE 2011 | Pagar más por el agua

(Artículo publicado en la revista cinco días el 27 de octubre de 2011)

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Sara Acosta - Madrid - 27/10/2011

"España necesita una inversión de 19.000 millones de euros para cumplir con las exigencias europeas de infraestructuras y depuración"

Cómo es posible que en un país donde el estrés hídrico es una constante, el precio del agua urbana siga estando por debajo de la media europea? Esta es la persistente pregunta que hacen las empresas concesionarias y constructoras de infraestructuras y que sigue sin respuesta por parte de la Administración. Las compañías elevan aún más la voz ahora, cuando los fondos europeos han dejado de financiar las grandes obras y la licitación de nuevas infraestructuras está prácticamente parada. "El principal problema siguen siendo los costes, que no se cubren en un 30%", explica Juan Pablo López Heras, socio de la consultora Professional Water & Partners, especializada en el sector del agua.

En plena crisis y sin nuevos concursos de obra nueva, existen pocas alternativas a la sequía de fondos para financiar la gestión urbana del agua. Una solución se impone para las empresas, y es el aumento de la tarifa por parte de los 8.000 municipios de los que depende el precio de este bien en España.


"El problema es que cada ayuntamiento fija una tarifa distinta, que no sigue necesariamente el ajuste de costes, sino la conveniencia política", indican desde esta firma. La gestión del agua urbana nacional sigue siendo extremadamente sensible y no tiene visos de cambiar, aún menos cuando se acerca una cita electoral. Trasvases, desalinizadoras o depuradoras, cualquier solución puede ser la idónea mientras persiga la máxima eficiencia para ofrecer agua a los ciudadanos, estiman los expertos, a condición de seguir pagando lo que cuesta mantenerlas.

El macroproyecto de Ciudad Valdeluz, puesto en marcha por Reyal Urbis en el municipio de Yebes (Guadalajara), es otro de los ejemplos. Comenzó a gestarse en 1998, pero no fue hasta 2002 cuando empezaron las obras. La urbanización está pensada como una gran urbe a ocho kilómetros de Guadalajara y a pocos minutos de Madrid

"Con el Gobierno bajo mínimos y los ayuntamientos ahogados, se empiezan a establecer prioridades, y lo que no lo es, se pospone, como es el caso del alcantarillado o la depuración", explican desde Aquagest. "Si no hay dinero público, la única solución que queda es la tarifa, subirla y ajustar precios, crear, por ejemplo, cánones de depuración". Este ajuste pasaría por cobrar más a quienes más agua consumen.

Financiación

Mientras el debate sobre el aumento de la tarifa sigue inerte encima de la mesa, el sector al unísono reclama un nuevo modelo de financiación de infraestructuras que lime la asfixia financiera de los ayuntamientos y el parón de nuevas licitaciones. "La falta de financiación hace que los ayuntamientos no puedan cumplir con sus compromisos de deuda, algo muy preocupante. El déficit público está impidiendo que la Administración realice inversiones, una situación que seguirá en el mismo tono durante los próximos años, también muy preocupante porque no habrá inversiones", pronostican en Veolia. De producirse esta huida de la inversión de las empresas españolas, consideradas punteras en todo el mundo, "se corre el riesgo de que los concursos queden desiertos, porque se piden sumas millonarias y las empresas no acudirán", añaden desde Aquagest. Ya hoy, las compañías están virando su modelo de negocio, desde la concesión pura y dura hacia la oferta de servicios tecnológicos, que demandan menor inversión y representan menos riesgo. "Las concesiones están paralizadas y a nosotros nos interesa mucho la venta de tecnología", apunta José Ángel Legaz, consejero delegado de Veolia Water en España.

Las empresas concesionarias y de desarrollo de infraestructuras de agua en España han ido compensando la falta de mercado nacional con la exportación, pero se trata de una solución a medias. El sector insiste en que se impone la participación público-privada para financiar las obras existentes y como medio para lanzar nuevas licitaciones. "Nosotros fuimos los precursores de este modelo, tenemos empresas mixtas, y efectivamente la participación público-privada es uno de los pocos caminos que quedan por explorar, es un buen esquema porque ayudará a que la financiación sea posible", alegan desde Aquagest.

Desde el sector se insiste en que lo que está en juego no es tanto el abastecimiento como la calidad del servicio. "España necesita una inversión de 19.000 millones de euros para cumplir con las exigencias europeas en infraestructuras y en depuración. Casi ninguna de las poblaciones de menos de 5.000 habitantes tiene servicio de depuración de agua, sobre todo en la costa y en las islas. Las poblaciones turísticas de la costa siguen vertiendo directamente al mar", aseguran en Professional Water & Partners.

 

Necesidad de un regulador estatal

El sector lleva pidiendo casi desde siempre la creación de un organismo regulador para el agua, una entidad que fije las reglas de juego por encima de municipios y ayuntamientos para dar estabilidad jurídica y de negocio a un servicio que vive al ritmo de los cambios políticos. Reino Unido, por ejemplo, ha vendido sus infraestructuras de agua a operadores privados, pero el precio lo fija el Estado a través de un regulador de estas características. En España solo puede privatizarse la gestión, las infraestructuras pertenecen por ley al Estado, pero actualmente la gestión del servicio depende de un sinfín de Administraciones. "Un regulador ofrecería garantías a los inversores. De hecho, la inseguridad normativa es uno de los motivos que está llevando la inversión fuera. Un regulador unificado y sectorial sería la palanca para atraer nuevos inversores", añaden desde Aquagest. Precisamente, esta gestión del agua tan dispersa en España fue una de las razones que empujó a Agbar, la matriz de esta compañía especializada en el ciclo integral del agua, a enfocar de otra forma su negocio y apostar no tanto por las concesiones tradicionales como por soluciones tecnológicas, con mayor valor añadido. "Con la financiación más restringida, hay que encontrar soluciones imaginativas para minimizar las inversiones. La concesión no es la solución más barata ni eficiente para financiarse", concluyen desde esta empresa.